El Registro Civil mexicano expide actas de nacimiento y
de otro tipo. Suele entregar al usuario un documento con faltas ortográficas.
La entrega es automatizada, es decir, el acta está almacenada en una base de
datos, de modo que puede uno conseguirla tanto en oficinas de RC como en una máquina
parecida a los cajeros automáticos bancarios. Basta introducir cierta
información y el dinero requerido para obtener el papel. Es debido a esa automatización
que nadie reclama porque el nombre u otros elementos estén mal redactados o
contengan faltas ortográficas. La corrección se consigue mediante otro trámite
oficial que, también, tiene un costo para el usuario.
La
información que contiene un acta de nacimiento está tomada de un libro donde fueron
registrados el nombre y apellidos de la persona cuyos padres o algún familiar dictaron
a un funcionario. Ahí mismo se revisaron, aprobaron y confirmaron los detalles,
la ortografía y las fechas. El acta que una persona solicita es una copia del
registro original, pero esa copia la realiza un secretario o una secretaria,
quien lee y transcribe los datos en un soporte informático donde se almacenan.
Con una asiduidad que puede contarse en millones, esas copias padecen errores y
erratas causantes de problemas legales, demoras tramitológicas, pérdidas económicas
y de tiempo. ¿Se puede culpar al copista por tales pérdidas? Desde luego, pero
no sólo al copista, sino a la institución que ocupa a personas incapaces de tal
trabajo. La institución (la Oficina de Registro Civil) adolece además de otros achaques.
Por ejemplo, en su organigrama no se contempla la supervisión de calidad;
además, es una oficina carente de ética, porque restan importancia a ese tipo
de servicio defectuoso e ineficiente, de ahí que todo lo dejen al usuario: “Resuélvalo
usted, págueme para que yo corrija mi error”, nos dicen con desfachatez. Pero
va más allá el problema, pues en realidad se trata de un fraude, una manera injusta
de quitarle dinero a usted y a mí y a todos. Sería mil veces más barato
prevenir el problema, por ejemplo, ocupando capturistas con mejores habilidades
mecanográficas y ortográficas, pero los burócratas no desean hacerlo, pues su
negocio es el error y usted lo paga.
Estas
son cosas que los diputados, candidatos y gobernantes pasan por alto, pues nadie
le ha puesto remedio ni lo ha intentado. Y hay muchas situaciones parecidas,
como cuando la Comisión Federal de Electricidad le cobra a usted una cantidad
imposible, pues usted no hizo el gasto de energía que informa el recibo. Nada
puede hacerse: hay que pagar, porque la CFE no acepta reclamos ni hay nadie de
esa institución que dé la cara para explicar sus irregularidades. Roban, pues,
con toda impunidad, y con frecuencia son personas pobres las afectadas. Claro,
son quienes cuentan con menos recursos defensivos. Es un problema parecido a
los trámites que un abogado alarga hasta el infinito mientras usted, con la
esperanza de acelerar el proceso, va entregando dinero al licenciado moroso.
México
tiene muchas anormalidades burocráticas absurdas, gracias a las cuales la población
toda sufre estropicios y humillaciones. Este negocio redondo de las actas es
una de tantas, pero existen tonterías como las multas en “barandilla”, donde
una persona debe pagar, si lo llevaron ahí los policías, para librarse de un
encierro preventivo, haya o no cometido una falta que amerite detención.
Alguien tiene que decirlo. Nadie tiene derecho a callarse cuando se cometen
injusticias tan severas y evidentes.
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